ESTO ES UN DESASTRE, CARACOLAS DEL MONTE

Por Isaac Rosa
En primer lugar, el paro. Huelga contra una política económica que sigue sumando parados de cien mil en cien mil sin mover un dedo; contra una reforma laboral que ha puesto alfombra roja para los despidos en masa; contra un gobierno que renuncia a intentar otra cosa, acepta que 2013 sea un año perdido, y nos condena a años de elevado desempleo.

En segundo lugar, el miedo. Si en la huelga anterior conocimos muchos casos de coacción empresarial contra trabajadores para que fuesen a trabajar, hoy es todavía más poderoso el chantaje, hasta el punto que muchos trabajadores ni siquiera lo necesitan, pues lo han interiorizado, como pasa con la censura en los regímenes autoritarios. Entre la presión del elevado paro, y una reforma laboral que puso en la mano de la empresa todo el poder, el miedo ambiental es mayor que nunca. Y contra eso es más necesario protestar, porque si hoy no haces huelga por miedo, puede que no tengas más oportunidades en el futuro, seguirás perdiendo derechos.

En tercer lugar, la penuria. Una huelga general contra el empobrecimiento generalizado de los trabajadores, contra el aumento de la desigualdad y la exclusión; y contra la transferencia descarada de riqueza desde la clase trabajadora hacia el sector financiero, la gran empresa y las rentas altas, mediante rescates bancarios, banco malo y el desmantelamiento y privatización de lo público.

POR   LA  REALIDAD   MAS    REAL,  QUE  PARECE   QUE    NOS  QUIEREN  TOMAR  POR TONTOS.

 

Según los datos estadísticos del primer semestre de su aplicación, la reforma laboral no ha conseguido los efectos positivos en cuanto a incremento del empleo que el Gobierno esperaba de ella. El número total de parados se sitúa en 5,7 millones -25,02 %- y las estimaciones son que se llegará en el 2013 al 27,4%. Esto no es en absoluto incompatible con los datos dados por el propio Gobierno al respecto, según los cuales, en los últimos meses se ha frenado el ritmo de aumento del paro, es decir, que el paro ha aumentado pero a un ritmo inferior al que existió en 2009, y similar al de 2011 (lo cual no puede considerarse como algo “positivo” como se pretende desde el Gobierno, ya que el número de parados es tan elevado que el ritmo del desempleo tiene que reducirse necesariamente). Además, desde el Gobierno, se rechaza que la evolución negativa de la contratación sea atribuible a la reforma laboral achacándola a los procesos de "racionalización" de las administraciones públicas” esto es, según el Gobierno el incremento del paro, que afecta a trabajadores de las administraciones públicas, no puede considerarse paro.
Tampoco se están consiguiendo dos de los objetivos primordiales: reducir la brecha entre fijos y temporales y fomentar las medidas alternativas al despido. Para reducir la temporalidad, el Gobierno quiso reducir la brecha en el coste del despido de los temporales y los fijos y para ello abarató el de los indefinidos (de 45 a 33 días), potenció la calificación de despido procedente cuando concurran causas económicas (despido a 20 días), y suprimió la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo, para aumentar el poder empresarial.
Los efectos sobre la contratación no han respondido a estos estímulos, todo lo contrario, los datos estadísticos muestran que entre marzo y julio la contratación indefinida -8% del total- incluso ha perdido peso respecto al mismo periodo de 2011. El número de contratos indefinidos totales (conversiones e iniciales) se ha reducido en un 5,8% respecto al mismo periodo de 2011. Las conversiones se redujeron un 14% y los iniciales aumentaron un leve 0,5%.
Las cifras sobre expedientes de regulación de empleo (ERE) tampoco reflejan un cambio de tendencia de los empresarios a la hora de optar más por medidas de suspensión o reducción de jornada Según datos del propio Gobierno, la reforma no ha evitado que los despidos colectivos se multipliquen y que los expedientes de regulación de empleo (ERE) vayan camino de alcanzar cifras

de récord en Asturias y en el conjunto de España este año, (en Asturias 890 empresas optaron por este sistema de ajuste entre enero y agosto de 2012, un 61 % más de empresas que en el mismo periodo del año pasado). En cuanto a los despidos colectivos afectaron entre enero y agosto de este año a 1.757 trabajadores, casi el triple que los 602 que se registraron por las mismas fechas del año precedente. El gobierno se apoya para justificar estos datos en que es "una diferencia coherente con la situación económica actual", y la pregunta es obvia, ¿no se aprobó la reforma laboral para contrarrestar los efectos negativos que la situación económica estaba provocando en el empleo?
En cuanto a los despidos, el 73% de las empresas ha utilizado la reforma laboral para despedir, bajar el sueldo a sus trabajadores, o cambiarles de puesto. Los datos facilitados por el Gobierno hacen referencia al hecho de que se han causalizado más y se han reducido los casos de despidos improcedentes pasando de los 182.000 que hubo entre marzo y mayo de 2009 a los 91.000 de ese periodo en 2012, lo cual parece lógico si tenemos en cuenta que la reforma laboral ha aumentado las causas de despido.
Los beneficiarios de una prestación por desempleo procedentes de un despido objetivo (20 días por año con un máximo de 12 mensualidades) han aumentaron un 50%; los despidos voluntarios (sin derecho a indemnización) por no estar de acuerdo con la movilidad geográfica crecieron en julio un 150%, e igualmente, los causados por modificación de las condiciones de trabajo aumentaron un 184%.
El nuevo contrato fijo de emprendedores incentivado para las empresas de menos de 50 trabajadores y que tenía un periodo de prueba de un año, durante el cual el despido es gratuito prácticamente no se ha utilizado según el Ministerio de Empleo se han realizado aproximadamente 50.000, es decir, el

0,7% de todos los contratos y sólo uno de cada diez nuevos fijos.
Con estos datos, ¿debemos seguir ahondando en reformas que implican un aumento de la precariedad laboral, máxime cuando las reformas laborales que crean empleo, hecho probado en los países que las llevaron a cabo (Finlandia, por poner un ejemplo reciente), son las que protegen a los trabajadores, frente a las que precarizan el empleo que, como se ha comprobado en España, sistemáticamente han ido destruyéndolo?
Los datos existentes hasta ahora, parecen más bien reforzar la teoría de que los objetivos no son crear el contexto idóneo para un mercado laboral competitivo sino más bien desequilibrar aún más la balanza de los agentes sociales en favor de los más fuertes a través del sometimiento, la indignidad y la necesidad. Una oferta de trabajo de estas características genera insatisfacción, baja calidad en el empleo y deterioro del capital humano - que es el capital más importante de la empresa- lo que supondrá un descenso de la productividad y competitividad cualitativo y cuantitativo situándonos camino de una posición económica más próxima a los países subdesarrollados haciéndonos víctimas del modelo económico-productivo asiático (China) que a lo que debería ser nuestro paradigma, con inversiones en tecnología, generación de valor añadido, I+D+I, industria de precisión, educación … (Alemania, países nórdicos..). Cambiar el modelo productivo es vital y favorecer fiscalmente a las empresas verdaderamente generadoras de riqueza que más salarios e impuestos aportan.
A todos estos efectos negativos, consecuencia de una política errónea frente al grave problema de desempleo existente en España, se podrían sumar otros, si se confirman los rumores que existen en los foros laboralistas sobre la posibilidad de que se estén pergeñando más recortes de derechos laborales, que pudieran incluir medidas como la ampliación a seis días de la semana laboral -como ha exigido la troika a Grecia-, vacaciones no retribuidas, una reforma de la Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales, que tendrá como principal objetivo luchar contra el absentismo, dando poder a los médicos de estas mutuas para dar altas con efectos médicos y no sólo proponerlas a los médicos de los servicios regionales de salud -según procedimiento actual-, y un nuevo recorte de la protección por desempleo y de las pensiones.